America
Latina y las criptomonedas
LOS
PAÍSES MÁS RECEPTIVOS
El
primer país de la región en establecer un marco legal para el uso de
criptomonedas y el funcionamiento de las casas de cambio es México. Un logro
alcanzado a través de la ley Fintech que se acaba de entregar a consulta
pública.
El
Banco de México estableció que, a partir del 30 de julio pasado, las casas de
cambio de criptomonedas deben cumplir con nuevas regulaciones correspondientes
a las transferencias bancarias electrónicas, según lo que establece esta nueva
ley. Así, además de reconocer a las criptomonedas como activos virtuales,
permite su manejo para el envío de remesas y establece que el Banco de México
es el organismo tutelar de las casas de cambio de criptoactivos. No obstante,
algunas de las disposiciones de esta ley, que fueron reveladas a inicios de
septiembre, podrían desfavorecer las operaciones con criptoactivos.
Venezuela,
por su parte, es una de las naciones latinoamericanas que más ha llamado la
atención con respecto a la adopción de las criptomonedas recientemente. No
obstante, la relación entre Gobierno y Bitcoin ha tenido altibajos drásticos;
dado que, luego de un período de persecuciones a la práctica de la minería de
criptomonedas, el presidente anunció, a finales de 2017, que Venezuela lanzaría
su propio criptoactivo, el petro, y otorgó un rango legal al sector.
A
partir de ese momento han escalado una serie de anuncios gubernamentales en lo
que va de 2018, que incluyen la creación de un ente supervisor, la certificación
de 16 casas de cambio y el establecimiento del petro como nueva unidad de
cuenta. Además, el valor de la moneda oficial del país luego del reciente
cambio del cono monetario, el bolívar soberano (BsS), está anclado al del
criptoactivo nacional.
Todo
este reconocimiento luciría como uno de los mejores indicios para el avance del
ecosistema en el país suramericano, si no estuviera rodeado de opacidades y
contradicciones relacionadas con la falta de transparencia y de reconocimiento
internacional al criptoactivo.
Mientras
tanto, la población venezolana acude a las criptomonedas como reserva de valor,
en aras de contrarrestar una grave crisis inflacionaria y la devaluación de su
moneda. Esta reacción ha traído como consecuencia que el mencionado país se
convierta en uno de los que muestra un mayor volumen de intercambio de bitcoins
de la región.
Argentina
es otro de los países con avances en materia regulatoria, a pesar de que las
criptomonedas aún no cuentan con un reconocimiento legal. Sin embargo, esto no
impide el crecimiento de su adopción como forma de pago y como reserva de valor
entre la población.
Además,
el Banco Central del país sudamericano está interesado en aprender más acerca
de criptomonedas y blockchain, según reveló un reciente llamado de la
institución financiera a proveedores de libros.
La
capital, Buenos Aires, está considerada como “la capital Bitcoin de
Latinoamérica” gracias a la creciente adopción del uso de bitcoin (BTC) e
iniciativas que han surgido para educar a la población al respecto, como la ONG
Bitcoin Argentina y el Bitcoin Day.
Por
otro lado, existe también una propuesta al Congreso Nacional para supervisar e
imponer obligaciones tributarias a las operaciones con criptomonedas. Una
noticia que no fue recibida con agrado por los bitcoiners argentinos, pero es
un primer paso que puede impulsar el establecimiento de un marco legal.
LOS
GOBIERNOS MÁS NEUTRALES
En
América Central destaca Costa Rica, donde algunas disposiciones de la
legislación brindan la posibilidad a las empresas de pagar a sus trabajadores
parte del salario con otro tipo de bienes, además del dinero de curso legal,
siempre que las partes estén de acuerdo. Ello ha dado pie para que algunos
expertos consideren que las criptomonedas pueden entrar en esta categoría, lo
que permitiría a empresarios pagar parte de los salarios con criptoactivos.
Otro
punto a favor de las criptomonedas en este país centroamericano es que ya,
desde septiembre de 2017, cuenta con su primer cajero automático de bitcoins y
las monedas criptográficas son aceptadas en muchos lugares como medio de pago.
A
pesar de lo anterior, en octubre del año pasado, el Banco Central de Costa Rica
emitió un decreto en el que establecía que las criptomonedas están fuera del
sistema bancario nacional. La entidad acotó que llevar a cabo cualquier tipo de
transacción comercial con este tipo de monedas es una “opción limitada” en el
país, advirtiendo a quienes las utilizan a asumir los riesgos asociados. Aun
así, no hay una prohibición explícita en cuanto al uso de criptomonedas.
Por
su parte, el Estado panameño también se ha involucrado con las tecnologías
emergentes, decisión que impulsó el estreno de una incubadora para productos
tecnológicos financieros y ha posibilitado que el Banco Central de Panamá
estudie la aplicación de DLT (Tecnología de Contabilidad Distribuida).
Sin
embargo, no existe un pronunciamiento gubernamental claro, aunque tampoco
parecieran tener una posición desfavorable. Actualmente existe una propuesta de
ley para modernizar el sistema financiero y adoptar nuevas tecnologías
financieras, como las criptomonedas, pero todavía no se ha debatido en la
Asamblea Nacional.
La
neutralidad de Nicaragua ha sido tal que hasta ahora no se ha dado a conocer
ningún tipo de opinión, a favor o en contra, del uso de criptomonedas. La
cercana Honduras ya llegó a realizar pruebas con tecnología blockchain a
principios del 2015, aunque en cuanto a las criptodivisas, el gobierno advierte
sobre sus riesgos sin prohibirlas.
Guatemala
es otro país donde no existe una norma jurídica que regule el uso de monedas
criptográficas. El presidente del Banco Central de Guatemala declaró que no
pueden ser consideradas como monedas de curso legal, pero no existe un
comunicado formal al respecto, por lo que se asume que pueden seguir siendo
usadas en el territorio guatemalteco sin mayores inconvenientes.
Más
hacia el sur de la región, las autoridades regulatorias peruanas, como la
Superintendencia Financiera, han estado dándole seguimiento al creciente
mercado de criptoactivos y recomiendan usarles tras haberse informado bien al
respecto, ya que en el Perú las criptomonedas no están ni reguladas ni
amparadas por la ley.
Algo
similar ocurre en Paraguay, donde la Secretaría de Prevención de Lavado de
Dinero o Bienes advierte sobre los riesgos de la inversión en criptomonedas,
pero indica que no está en contra de la innovación. Entre tanto, en Cuba, donde
se han dado transacciones con bitcoin, pero nada se ha dicho sobre su
legalidad.
POSICIONES
AMBIVALENTES
Chile
es uno de los países con mayores niveles de adopción. Sin embargo, no existe
regulación. El gobierno no ha manifestado una postura clara, señalando solo que
“debe estudiar y entender mejor el ecosistema” y ha planteado, además, un
debate sobre el tema en el que participen varios sectores.
Entre
tanto, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ha mantenido
una postura restrictiva, al apoyar el cierre de las cuentas bancarias de varias
casas de cambio a principios de este año; una batalla que ganaron las casas de
cambio y que quizás abra las puertas para un mayor desarrollo en el país
austral.
En
Brasil, la población muestra cada vez mayor interés las criptomonedas. No
obstante, al igual que en Chile, varias de casas de cambio vieron sus cuentas
bloqueadas en los bancos. Aunado a ello, la Comisión de Valores Mobiliarios
prohibió que los fondos de inversiones realicen operaciones con bitcoin u otras
criptomonedas.
En
medio de estos litigios, el presidente del Banco Central de Brasil mantiene una
posición crítica frente a los criptoactivos. En diciembre pasado los calificó
de burbuja, aunque 4 meses después dijo que “bitcoin es un activo riesgoso con
una tecnología innovadora”. Su actitud aparenta ser más receptiva hacia el uso
de blockchain que hacia las criptomonedas.
Asimismo,
en Colombia, la actitud de los reguladores colombianos ha sido más abierta a
blockchain, en relación con las criptomonedas. El Banco Central de este país
también declara que el dinero digital no puede ser moneda de curso legal. La
idea contrasta con lo dicho por el presidente Iván Duque, quien indicó que
posiblemente emplee la tecnología de criptoactivos en su gobierno. El pasado 29
de agosto, el primer mandatario propuso la exención del pago del Impuesto Sobre
la Renta a todas startups relacionadas con criptomonedas y blockchain.
Recientemente,
la casa de cambio Buda cesó sus operaciones en Colombia, tras haber agotado
“todas las instancias de dialogo” con las autoridades regulatorias, aunque
estas digan que no están prohibidas las monedas criptográficas; puesto que, en
efecto, no ha habido un pronunciamiento oficial al respecto. Una conducta
contradictoria que se ha manifestado entre muchos gobiernos a nivel mundial.
Uruguay
ha mostrado una actitud aparentemente receptiva para con el uso de las
criptomonedas. A pesar de que el establecimiento de un marco regulatorio no
está en los planes gubernamentales, recientemente la Cámara Uruguaya de Fintech
anunció la creación de la Comisión de Criptomonedas que se encargará de redactar
un marco legal.
En
contraste, el presidente del Banco Central de Uruguay hace dudar sobre la
aparente afinidad del Gobierno con los criptoactivos, tras afirmar, el pasado
mes de abril, que bitcoin no es competencia para las monedas nacionales. Una
percepción que podría complicar el estatus legal de las criptomonedas en esta
nación, cuando llegue el momento de tomar posiciones.
En
El Salvador, aunque existen servicios de intercambio, las autoridades han
declarado que no existe marco legal ajustado al uso de criptomonedas y hasta
ahora pueden ser utilizadas libremente. Por otro lado, el país centroamericano
estableció restricciones en cuanto a las Ofertas Iniciales de Moneda (ICO), que
fueron prohibidas en un comunicado del Banco Central emitido el año pasado.
En
el Caribe, República Dominicana resalta por la amplia aceptación de los
criptoactivos por parte del público, pero el gobierno, a través de su Banco
Central, manifestó no aceptarlas como moneda de curso legal y mantiene una
postura contraria a su uso, sin prohibirlas del todo.
LAS
ZONAS MÁS RESTRICTIVAS
Bolivia
y Ecuador son los países con más prohibiciones a las operaciones con
criptomonedas en América Latina, dada la estricta la legislación vigente en
cuanto a esta actividad.
Bolivia
prohibió el uso bitcoin el 6 de mayo de 2014. Con ello se convirtió en la
primera nación en toda Latinoamérica en desterrar las criptomonedas y se sumó a
la lista de países del mundo que han hecho lo mismo. Desde entonces, hacer
transacciones con criptomonedas o cualquier operación referida a ellas es
ilegal en Bolivia.
Ecuador
por su lado no posee control sobre su política monetaria (dado que se usa el
dólar como moneda). Esto ha imposibilitado instaurar controles cambiarios, pero
durante la presidencia de Rafael Correa, en 2014 se tomaron dos acciones clave,
aunque suenen algo contradictorias entre sí: prohibir las criptomonedas y crear
la suya propia.
El
Sistema de Dinero Electrónico (SDE) fue creado en 2015 para canalizar el
interés de los ecuatorianos por los criptoactivos. Se trata de una especie de
“criptomoneda oficial”. A partir de entonces, su uso se volvió obligatorio. Sin
embargo, desde su instauración, la “moneda digital” de Ecuador ha caído en
desuso.
UN
LARGO CAMINO POR DELANTE
De
acuerdo con el panorama anterior, todavía queda un largo camino por andar en
materia de regulación de los criptoactivos en América Latina, pues a pesar de
algunos avances, como el caso de México, existen muchas zonas borrosas en el
mapa y varios países de la región no tienen ni siquiera una estructura
regulatoria básica, mientras ciertos gobiernos locales mantienen una posición
ambivalente al respecto, generando confusión.
De
este modo, se observa cómo a veces los reguladores pasan de largo ante esta
situación, sin impulsar decretos que brinden mayor claridad al público,
mientras que otros establecen marcos restrictivos con efectos negativos para el
desarrollo. De todas formas, el tema de la regulación a nivel mundial todavía
está en pleno esbozo, lo que ofrece a Latinoamérica mayores chances para
comenzar a trazar mejor su propio camino.
